EL DIARIO DE MADRYN S.A.

Regionales

INVITAN AL GOBERNADOR SAIZ A PROMOVER SU DECISIÓN EN EL RESTO DE LA PATAGONIA
La Asamblea de Autoconvocados en Río Negro impulsa el rechazo en otras provincias

Tras el rechazo del gobernador Miguel Saiz a la explotación minera con cianuro en su provincia, la Asamblea de Autoconvocados de Río Negro, Chubut, Neuquen y Patagones anunció públicamente el 7 de junio pasado que invita al mandatario a promover su decisión en el resto de las provincias de la Patagonia y de la República Argentina y afirma su decisión de ir más allá en sus reclamos.
Los vecinos y organizaciones convocados en contra la extracción de oro con uso de cianuro y mercurio en Río Negro, que sería llevada adelante por el proyecto Calcatreu de la empresa minera Aquiline Resources, enfatizaron en un comunicado destinado a toda la comunidad de la localidad de Jacobacci –donde se pretendía realizar el emprendimiento- y demás localidades de la provincia: “Nuestras objeciones van mucho más allá de ese obvio rechazo a la contaminación”. Recordaron que desde hace varios años se vienen sumando evidencias y argumentos mucho más profundos, referidos a consecuencias sociales, culturales, sanitarias, productivas, económicas y comerciales que hubiera representado para el pueblo rionegrino este tipo de emprendimiento. Enfatizaron, además, que por otra parte el Gobernador tampoco anuncia la anulación de 56 proyectos de una docena de empresas con pretensiones extractivas de oro y plata tanto o más grandes que el de Calcatreu.

Paso a paso en la región

Los asambleístas recordaron que con este rechazo, la provincia de Río Negro se suma así a las muchas regiones del continente que se oponen a este tipo de proyectos de explotación minera a cielo abierto con uso de cianuro, como “Esquel y la comarca andina en Chubut, Calingasta en San Juan, Alpachiri en Catamarca, Valle de Uco en Mendoza, Jáchal en San Juan, Argentina, Vallenar en Chile, Tambogrande en Perú, Cantón Cotacachi en Ecuador, San Luis de Potosí en México, Montana en Estados Unidos, San Marcos en Guatemala, Valle de Siria en Honduras, por citar algunos”.

Ya no más al amparo de leyes ilegítimas

La Asamblea destacó que el esfuerzo de la comunidad unida se pronuncia contra el envenenamiento de las aguas, pero también contra la “división social del sector minero, que con el amparo de leyes ilegítimas, antepone sus intereses al del pueblo argentino”. Aseguran que “la medida del Gobierno de Río Negro significa un gran avance, pero falta un enorme trecho por recorrer. La amenaza de transformar a la Patagonia en un mero depósito de recursos naturales extraídos a bajo costo, con una suma imprevisible de consecuencias y conflictos asociados, sigue intacta y exige el máximo grado de alerta y compromiso político”.
Enfatizaron al respecto que, “tomando en cuenta la palabra del Gobernador y los legisladores, entendemos que es una responsabilidad ineludible promulgar una ley prohibiendo toda posibilidad de que avance este o cualquier otro sistema de minería con el uso de agua mezclada con tóxicos en la provincia de Río Negro, y que suspenda definitivamente las autorizaciones de cateos e impidiendo la etapa de exploración, dados los gravísimos daños que ocasionan al medio ambiente, como lo demuestra, sin duda alguna, el caso del proyecto Pascua-Lama y cerro Veladero”. Destacaron: “Exigimos el rechazo público -y por medio de legislación apropiada y jurídicamente vinculante- del llamado ‘tratado de integración minera Chile-Argentina’, por ir en contra de los intereses y los derechos económicos, sociales y culturales de los pueblos de ambas naciones”.

Rechazo y solidaridad

Luego de que algunos empleados de Aquiline repudiaran la decisión tomada por el Gobernador, la Asamblea señaló: “Nuestro rechazo a la minería no es una preocupación trivial pintada de verde. Defendemos el trabajo y la pronta recuperación y/o control directo de medios de producción en manos rionegrinas. Es por eso que nos solidarizamos sin reservas con los trabajadores del emprendimiento rechazado. Quienes los contrataron o prometieron empleos sabían, pues así lo publicita el sector en general a sus accionistas y potenciales inversores, que ésta es una actividad riesgosa, de corto plazo (siete años el proyecto Calcatreu), y que puede encontrarse con cambios políticos y legales”.

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