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LAS EMPRESAS QUIEREN REVISAR LA LEGISLACIÓN PROVINCIAL
Negocio minero

El secretario de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros, Hernán Zaballa, es un socio principal en el estudio de abogados Brons & Salas, que representa a Pan American Silver, Barrick Gold, Minera Andes, Yamana Gold y Troy Resources, entre otras.
Cabe recordar que Pan American Silver, con base en Vancouver (Canadá) anunció el año pasado la compra de Aquiline Resources, cuyo principal activo es el proyecto de plata Navidad, ubicado en la meseta central chubutense.
Zaballa, una figura clave en las negociaciones con la Provincia, dejó trascender que ahora el desafío que enfrenta Pan American es persuadir a legisladores y comunidades locales para que permitan el desarrollo de sus propiedades.
 
Tareas
 
“La empresa está concentrada en desarrollar el proyecto Navidad”, dijo Zaballa en un artículo publicado por el sitio especializado MiningWeekly.com, señalando, en ese sentido, que “la empresa sabe cómo hacerlo y entiende que, aún cuando hay mucho trabajo por delante, esta tarea continúa siendo viable”.
“Lo primero por hacer probablemente será un trabajo exhaustivo en la comunicación del proyecto y la minería en general hacia la opinión pública y las comunidades locales”, indicó.
“Pero, sobre todo, existirá un trabajo conjunto con las autoridades de Chubut a fin de revisar el proyecto y la legislación para hacer los ajustes necesarios, de manera tal que el proyecto pueda ser viable”, señaló.
Como se sabe, las leyes mineras en Chubut indican que en una porción del territorio de la provincia, sobre la cordillera de los Andes, están prohibidas las actividades mineras. Y en el sector donde esta actividad es posible, está prohibida la minería a cielo abierto y las empresas tampoco tienen permitido el uso del cianuro en sus operaciones.
 
¿Socios?
 
En ese contexto hay que identificar un dato determinante: el gobernador Mario Das Neves advirtió que para avanzar en la ejecución de los proyectos mineros la condición excluyente será que el Estado provincial sea socio a través de Petrominera. El gobierno planteó esa alternativa porque considera que serían insuficientes los beneficios que podría obtener por vía de las regalías establecidas en la legislación minera. 
Zaballa, en cambio, describió la Ley de Inversiones Mineras de Argentina, aprobada en diciembre de 1993, “como un buen ejemplo de una legislación que promoverá las inversiones”.
La ley garantiza estabilidad fiscal durante 30 años para las empresas mineras que establezcan un proyecto “viable” en la Argentina.
Los proyectos mineros que se beneficien de la estabilidad fiscal no sufrirán ningún aumento en la carga impositiva total, a nivel nacional, provincial o municipal, aplicable al momento de presentar el estudio de factibilidad para el estudio correspondiente.
La ley también establece un tope para las regalías recaudadas por las provincias en un 3% sobre el valor de los minerales producidos en la mina (mine-mouth value), mientras que la importación de ciertos insumos y equipamiento para la actividad minera está libre de impuestos.
“La medida ofrece seguridad para proyectos de largo plazo, como los de la minería, y funciona”, dijo Zaballa. En esas declaraciones no mencionó la posibilidad de una asociación con la Provincia en la explotación del yacimiento de plata Navidad.
 
Perspectivas
 
Todo indica que las negociaciones serán arduas, porque más allá de la predisposición del gobierno para habilitar la actividad minera en zonas, como la meseta central, donde son muy limitadas las opciones económicas, está la decisión de promover un modelo diferente, donde el Estado opere como socio y consecuentemente tenga posibilidades de intervenir en el esquema laboral; de ejercer un control más directo y sobre todo de acceder a mayores beneficios de los que podría obtener a través de las regalías.
Las declaraciones del dirigente del sector minero se limitaron a dejar trascender la intención de operar muy fuerte en dos planos: persuadir a la sociedad de las ventajas de la minería y a los legisladores de la necesidad de modificar las normas que hoy limitan la actividad. “La seguridad legislativa, es clave para la minería”, dijo Zaballa.
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